Planes exitosos: reducción de la criminalidad y violencia – PAZ ACTIVA – Dedicados a la Seguridad Ciudadana en Venezuela

ESTUDIO – Inventario de las propuestas de seguridad
ciudadana en Venezuela (1990-2017)

Planes exitosos: reducción de la criminalidad y violencia

Una de las razones que se alega muchas veces para explicar el fracaso de los gobiernos en prevenir y controlar la criminalidad es la falta de voluntad política. Algunos aluden, inclusive, que mantener altos índices de criminalidad es parte de una política del gobierno como forma de control social de la población, sometiéndola a un continuo estado de supervivencia. Estas teorías son audaces y difíciles de corroborar. El caso venezolano puede ser más uno de falta de voluntad de afrontar un problema complejo. Los casos exitosos que se registran a nivel mundial, tienen un alto nivel de motivación y voluntades desde el más alto gobierno. Lamentablemente el tema de la seguridad ciudadana, a pesar de figurar entre los tres principales problemas que afrontan los ciudadanos, es siempre relegado a las últimas prioridades del Estado.

Si pudiésemos traducir qué es voluntad política, esta se manifestaría así:

Liderazgo de discurso: es claro que cuando una sociedad aspira a grandes logros y cambios, el aspecto comunicacional es clave para el éxito. Cuando un liderazgo asume una causa y mantiene esta como centro de su discurso y mensaje, permea a todos sus seguidores y estos a su vez hacen eco de su cau Emprender un plan nacional para la reducción de la violencia y criminalidad en Venezuela, requerirá que el liderazgo en gobierno lo asuma como un objetivo principal de la política nacional.
Enfoque transversal: dada la complejidad y los múltiples factores que intervienen en una política exitosa de reducción de la criminalidad; es necesario construir planes de seguridad donde se involucren instituciones del Estado más allá del Sistema de Justicia: Policía, Tribunales y Prisione Educación, trabajo, cultura y deportes son elementos esenciales para los programas de prevención de la criminalidad y la violencia.
Recursos extraordinarios: será clara la voluntad del gobierno cuando éste destine un porcentaje importante del presupuesto nacional (entre el 10% al 30%) al control y prevención de la criminalidad y la violencia. Es claro el altísimo costo que puede generar la inseguridad. La economía se ve afectada cuando no puede operar debido a la falta de seguridad, tanto ciudadana como jurídica. En los casos como el de Venezuela, es necesario priorizar la inversión en esta área, sobre otras como el gasto militar, que no genera beneficios económicos.
Innovación y sostenibilidad: es claro que cada país tiene sus particularidades, debemos entender bien el caso Venezuela. La investigación y de su mano, la innovación en acciones que se adapten a nuestras realidades, serán factores de éxito en las políticas futuras. A su vez, éstas deben ser garantizadas en el tiempo. La creación de instituciones de formación e investigación son un buen comienzo. El marco legal debe garantizar que el tema de seguridad ciudadano mantenga su rango constitucional y sea considerado un Derecho Humano de primer orden.

El tema de la inversión es entre estas ideas la más difícil de implementar en economías en desarrollo, y especialmente en economías que sufren recesión profunda, donde los recursos del Estado compiten por cubrir cada vez más deficitariamente las necesidades de los ciudadanos. Mientras se maneja la falsa premisa que la criminalidad es producto directo de la pobreza, se pierde la verdadera correlación donde la criminalidad es la que genera pobreza. Impide el desarrollo social y económico de las comunidades. Una parte importante de los presupuestos en los diferentes niveles de la administración pública debe destinarse a garantizar seguridad ciudadana y jurídica a los ciudadanos para que puedan generar actividad productiva sin las amenazas de que hoy debe afrontar cualquier emprendedor que aspire a establecer un proyecto productivo.

De acuerdo con la organización Transparencia Venezuela (2017), para el año 2017 el Presupuesto de la Nación, promulgado vía decreto por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), totalizó 8,48 billones de bolívares, de los cuales 97% serían para el Poder Ejecutivo.

Dentro de esta distribución, al Ministerio de Interior, Justicia y Paz se le asignó para 2017 un presupuesto de Bs. 1.627.675 MM, pero si se descuenta el monto correspondiente al situado constitucional, se puede afirmar que sólo Bs. 158.893 MM fueron destinados para atender el área de seguridad ciudadana. Esto representa menos del 2% del presupuesto anual de la nación. Conociendo la gravedad de los indicadores, esta inversión no parece ser suficiente para superar uno de los problemas sociales que más afecta a los venezolanos hoy día.

A continuación, se enumeran algunas ideas de Ávila (2016), que pudieran considerarse para la consolidación de una política criminal:

Se debe partir de la noción de que no existen recetas mágicas: los problemas sociales son complejos y multifactoriales, desde esa complejidad deben ser comprendidos y abordado La inseguridad ciudadana es un problema social más. Desconfíen de todo el que venga con recetas mágicas, rápidas e inmediatas.
Investigar y diagnosticar problemas y situaciones concretas para el diseño de la política pública, así como su posterior implementación y seguimiento.
Controlar y fiscalizar las instituciones policiales y militares: el Estado debe tener control real y efectivo sobre estas institucione La discrecionalidad de estos funcionarios debe ser la mínima necesaria y estar enmarcada dentro de la Ley. Debe evitarse que policías y militares lleven el control político de la seguridad ciudadana. El tema policial y la seguridad deben tener una gobernabilidad política, y no lo contrario, que los policías gobiernen a los políticos.
Fortalecer los trabajos de inteligencia criminal: el Estado debe aplicar más la inteligencia estratégica que la fuerz La inteligencia debe aplicarse dentro de dos ámbitos de acción: en el mundo delictivo y dentro de las instituciones encargadas de su control. Debe existir voluntad política para desmantelar mafias y redes que se mueven entre ambos espacios.

Tener como meta principal la reducción de los homicidios en el país: para lo cual se sugiere:
a. Conocer, sincerar e informar oficialmente las cifras de los mismos, éste sería el indicador concreto del éxito o fracaso de la política aplicada en este sentido.
b. Establecer un sólido bloque de búsqueda y captura de las personas solicitadas por homicidio, priorizando los que estén involucrados en la mayor cantidad casos y hayan cometido los delitos más graves. Esto debe hacerse con un trabajo de inteligencia previo, el objetivo debe ser su detención en el marco de la legalidad.
c. Los detenidos deben ser procesados legalmente y las instituciones involucradas deben cumplir diligentemente su rol.
d. El sistema penal en su totalidad debe concentrarse y priorizar el procesamiento de todos los casos de homicidios del país: los pasados, los presentes y los futuro
Se debe asegurar y fortalecer la política de control y regulación de armas: se trata de la necesidad de controles efectivos, que trasciendan a las campañas de divulgación para convertirse en una política y en una práctica institucional concreta y permanente, que se aplique tanto a las propias instituciones del Estado vinculadas con las armas de fuego, como a la ciudadanía en gener
Revisar profundamente el Sistema de Justicia, similar a lo realizado con la reforma policial en Venezuela. Sus representantes deben tener méritos, conocimientos técnicos y solvencia moral para ocupar los cargos.
No reducir la complejidad de los problemas de seguridad al ámbito legislativo: estos no se resuelven legislativamente ni por decreto, se resuelven con voluntad política, con construcción y fortalecimiento institucional, con cuerpos policiales, fiscales, jueces y custodios honestos, eficientes, independientes, supervisados y controlados institucionalmente; con información, rendición de cuentas y transparencia en sus gestiones; con la aplicación de las leyes vigentes sin discriminaciones, partidismos, ni corrupción.
Hacer un uso racional del sistema penal: el Estado debe intervenir penalmente en los casos que realmente lo ameritan y no extender este mecanismo a toda problemática social, política o económica que tenga el país. Hay que reducir el Sistema Penal para que intervenga en los casos más graves y necesarios, de esta manera incrementaría su efectividad. No se pude pretender abordar toda la conflictividad social con funcionarios policiales y cárceles, cuando se sigue esa lógica el sistema se llena de casos que pudieran ser procesados por otros canales. La expansión del sistema penal tiene efectos contraproducentes porque colapsa y en consecuencia se vuelve ineficiente. El sistema penal debe intervenir para la reducción y control de la violencia, no para lo contrario.
El uso racional y legal del sistema penal no debe entenderse como una “no intervención del Estado”: ante la conflictividad y la reducción de la violencia el Estado debe intervenir de manera oportuna y permanente. La intervención policial en la conflictividad no es exclusiva, pero sí es importante. Se necesita una mejor y debida prestación del servicio policial, tal como se ha diseñado a partir del año 2006 desde la CONAREPOL y plasmado en 2009 en la Ley Orgánica del Servicio de Policía y Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana. Por otra parte, espacios como centros de resolución de conflictos, mediación, así como el acceso a la justicia en espacios comunitarios y parroquiales, son fundamentales.
La presencia del Estado Social es fundamental: las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol. Esto no significa que deba confundirse la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera. Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el sistema penal lo que no se ha realizado previamente con la política social.

INVENTARIO – Propuestas de Seguridad Ciudadana en Venezuela (1989-2017)

Luisa Berlioz-Paz Activa