“Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia”. Luis Cedeño, Director del Observatorio de Delito Organizado.
Mercenario es un sujeto que realiza por otro una tarea o una misión a cambio de dinero por su afán de lucro, y no por motivos ideológicos o éticos.
La violencia política ha sido un medio usado por pueblos y gobiernos para lograr objetivos políticos, es un concepto acuñado en las ciencias sociales y políticas que hacen referencia a los daños y efectos que causan además de su significación simbólica y política.
Con preocupación afirmamos que Venezuela vive hoy un escenario de violencia política que no tiene precedentes en nuestra historia reciente, ya sea por su duración o por la cantidad de víctimas mortales, heridos y pérdidas materiales que se han registrado en más de 50 días de protesta masiva en todo el territorio nacional. Impulsadas por los diputados opositores, estas acciones se iniciaron a principios del mes de abril con el fin exigir el fiel cumplimiento de la Constitución Nacional, en cuanto al respeto a la Asamblea Nacional, la ejecución de un Calendario Electoral, liberación a los presos políticos y la apertura de un canal humanitario que permita que lleguen al país alimentos y medicinas para paliar la escasez de estos insumos básicos en el país.
Hasta esta última semana de mayo, el Ministerio Público había registrado más de 55 muertos, más de 1.000 lesionados y 346 bienes afectados. Por su parte, Consecomercio estima más de 300 comercios afectados, pérdidas superiores a $50 millones de dólares, así como 10.000 puestos de empleo entre directos e indirectos en riesgo, como consecuencia de los saqueos registrados en diferentes entidades del país en casi dos meses de protestas.
Los actores: Por un lado, un numeroso sector de la población que se opone al gobierno nacional encabezado por diputados, líderes y militantes de partidos de oposición; sociedad civil (jóvenes, adultos, adultos mayores, religiosos, músicos, amas de casa, entre otros), que acuden a las marchas convocadas por la UNIDAD para protestar por la situación del país y exigir respeto a la Constitución.
Por el otro, Cuerpos de Seguridad del Estado (GN. PNB, SEBIN) y algunos componentes de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (FANB), con frecuencia apoyados en la acción de grupos civiles armados, denominados “colectivos”, como se ha registrado en numerosos vídeos y fotografías difundidas** por las redes sociales y algunos medios de comunicación nacionales e internacionales.
Para Luis Cedeño, Director del Observatorio de Delito Organizado: “Estos grupos de choque que actualmente están trabajando en crear caos en el marco de las protestas pacíficas de la oposición, son grupos mercenarios extraídos de alguna manera de los cuerpos de seguridad del estado o de algún colectivo o megabanda que son pagados para generar este tipo de violencia. Consideramos que entran en un esquema que se asemeja más al terrorismo mercenario que se han dado en algunos países de Europa y África, pagados por intereses que buscaban en esos contextos crear el mismo caos y ese tipo de violencia que actualmente se vive en el país”.
En este contexto la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz en su declaración del miércoles 24 de mayo, señaló esta semana que en el Ministerio Público se mantienen abiertas 165 investigaciones contra grupos de civiles armados al margen de la ley.
El Observatorio de Delito Organizado ha advertido que estos grupos civiles armados se constituyen bajo dos figuras con las siguientes características:
Mercenario Oficialista en funciones
Pertenece o perteneció a un Cuerpo De Seguridad del Estado, es escolta o desarrolla actividades de seguridad dentro de alguna institución gubernamental. Ideologizado y con una dieta económica mensual garantizada con un extra por el acceso de él y su familia a los programas clientelares del gobierno, tales como CLAP, misiones, becas, entre otros.
Mercenario Oficialista a destajo
Joven entre 15 y 24 años con acceso a motocicleta y armas de fuego cortas. Generalmente pertenecen a colectivo o megabanda. Es “pegador” dentro de su organización.
En cuanto a los recursos obtenidos, estos vienen disfrazados a través de fondos provenientes del denominado Frente Francisco de Miranda, así como de Alcaldías oficialistas e incluso se menciona a la propia PDVSA. Según información publicada por El País de Colombia, “los colectivos en Caracas no solo han recibido armas de parte del Gobierno, como lo ha denunciado la oposición, también han sido dotados de motocicletas, equipos de comunicaciones, sistemas de vigilancia y toda la autonomía para ejercer control y autoridad en los cerros de Caracas, donde la Policía tiene vedado el ingreso”. Los colectivos tienen su fortaleza en el control territorial, extendiendo su dominio sobre los vecinos y comercios de la zona, estos grupos cuentan con la aprobación de las comunidades, pues impulsan actividades sociales y culturales, y combaten el tráfico de drogas y la delincuencia. A cambio, la población acepta que ellos asuman las funciones de policías, fiscales y jueces. Cobran por proteger a los pequeños comercios.
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