Según informe presentado por La Fundación Arturo Uslar Pietri, en 2018 la deserción escolar en Venezuela había superado más del 50%. La representación en cifras refería que 7 millones de niños y adolescentes estaban fuera del sistema escolar por la necesidad de útiles escolares, la falta de uniformes, carencia de dinero pagar el transporte o gastos de alimentación.
Más adelante, otras organizaciones civiles registraron la misma preocupación: la deserción escolar de niños producto de la migración forzada de los padres, quienes, movidos por la crisis en Venezuela en todas sus esferas, fijaron sus vidas en otros países, mientras que los hijos quedaron al cuidado de hermanos mayores o parientes cercanos.
Ante las consecuencias registradas – producto de un plan país que no cubre los requerimientos de la población más vulnerada: niños y jóvenes-, la Asociación Civil Paz Activa propuso un proyecto con objetivos claves dirigidos a los adolescentes en riesgo a desertar al escolar y propensos a ser captados por grupos delincuenciales propios en el contexto en el que se desenvuelven.
Así fue como en 2018 surgió el Proyecto Jóvenes y Escuelas Agentes de Paz, auspiciado por la Unión Europea. Jeannette Pinto, Socióloga, educadora y co-gerente de la iniciativa explicó que “para la ejecución de este programa, fue en primer lugar la objetiva y metódica selección de los beneficiarios-as, y esto lo realizamos con el Centro Lyra”.
“Aun cuando en Venezuela carecemos de estadísticas oficiales sólidas y vigentes que puedan darnos luces sobre la situación en asuntos claves de los jóvenes; esto es salud, educación y migración por ejemplo, es tangible el aceleramiento de la aparición y de la profundización de los riesgos que acompañan sus vidas”, sostuvo Pinto.
Así, fueron seleccionados 120 adolescentes y jóvenes que, aunque siguen incluidos en el sistema escolar, tienen latentes riesgos de deserción como consecuencia de un entorno familiar y comunitario poco protector de sus derechos.
Pinto, también defensora y promotora de derechos de los niños, niñas, adolescentes, jóvenes, familias y comunidades más vulnerables en Venezuela, refirió: “es conocida, a viva voz de los docentes responsables de las instituciones escolares, especialmente públicas, (que se supone ser la mayoría de la población estudiantil en Venezuela) la altísima deserción escolar, bien sea por razones de migración o por pérdida del interés en la escolaridad, asociada a la necesidad de contribuir con el ingreso familiar”.
Y añade: “entre trabajar y estudiar la tendencia es al trabajo, porque al conversar directamente con adolescentes y jóvenes sobre asuntos de actividad laboral que ejercen o han ejercido, denominan “trabajo” a cualquier forma de intercambio que suponga no solo un ingreso en moneda sino en la adquisición de algún insumo, especialmente alimentos”, aclaró la especialista.
Expuso además: “siendo tendencia la deserción escolar -sin tocar el asunto de los docentes que es otra arista súper importante en este asunto-, saltan interrogantes cuyas respuestas en un futuro próximo, darían miedo en cualquier sociedad: ¿Qué hace un adolescente o joven excluido del sistema educativo?, ¿Qué otro factor socializador le muestra el margen de lo que es correcto y digno?, ¿cuál es el alcance de la explotación infantil en Venezuela?, ¿Cuántos adolescentes han sido “dejados atrás” y son responsables de sus hermanos también menores de edad?, ¿Cuál es la concepción de familia y escuela que se gesta?, entre otras”, aseveró.
“Es pues desde estas condiciones, quizás brevemente descritas pero seguramente ya analizadas y sentidas por muchos, que nace desde la Asociación Civil Paz Activa, el interés de diseñar e impulsar un proyecto que responda a una parte de la población juvenil de manera distinta. Y es a través del programa Acción Afirmativa que se responde a los objetivos del proyecto Jóvenes y escuelas Agentes de Paz”, concluyó Pinto.
¿Qué comprende el proyecto Jóvenes y Escuelas Agentes de Paz?
El programa constituye tres aristas fuertes: el adolescente o joven como foco primario, donde se le brinda una atención formativa adicional en temas que inspiran y reorientan competencias para la vida, incluyendo un periodo de capacitación en oficios; y acciones dirigidas al blindaje de los agentes cercanos de acompañamiento, especialmente a las familias y a la comunidad educativa, este último punto con el apoyo de la Asociación Civil Ágora.
Se escogieron ocho instituciones educativas, cinco de los cuales están adscritos al Movimiento de Educación Popular Integral Fe y Alegría: Colegio Presidente Kennedy, en Petare; U.E. Virginia de Ruiz, en La Silsa; Colegio Dr Prisco Villasmil, en Antímano; U.E. Padre Joaquín López, en la carretera Petare/Guarenas, y la U.E. María Inmaculada, en Petare.
Otros tres, dependen de la Asociación Venezolana de Escuelas Católicas, en la región Barlovento; U.E. Cristo Liberador, U.E. Argelia Laya y U.E.P. María Auxiliadora, en el municipio El Hatillo, estado Miranda.
A juicio de la especialista, falta voluntad política para poner la mirada en las circunstancias que viven los adolescentes y jóvenes, “y me refiero a todos y todas los adolescentes y jóvenes, porque si bien es cierto que existe una parte de la población profundamente más vulnerable en tanto acceso a algunas oportunidades y servicios; no es menos cierto que emociones como la desesperanza, la frustración y la impotencia arropa a la población juvenil”.
Pinto propone la generación de espacios intencionados para la formación, reconocimiento y sensibilización de los adultos-as significantes. “Expreso esto porque los adultos/as se han venido ocupando básicamente de la sobrevivencia económica y se ha abierto una brecha profunda entre los intereses e información que manejan los adolescentes y lo que los adultos suponen están manejando. Esta situación es sin duda riesgosa, pues deja a la familia excluida de las posibilidades de orientación adecuada”.
En este proyecto los adultos y los jóvenes desarrollan herramientas de acercamiento mutuo y son acompañados/as –ambos de manera distinta de acuerdo a sus roles, responsabilidades y procesos- pero con un único objetivo de desarrollar competencias claves para: contener a la familia previniendo su separación, reconocer factores de riesgo y protección actuando bajo la garantía de sus derechos humanos fundamentales, impulsar o recrear sus dinámicas de autonomía asociada con las habilidades y fortalezas, y en fin, articular con redes de apoyo que propugnen la convivencia individual, escolar y comunitaria de manera justa y digna.