Conclusiones y recomendaciones – PAZ ACTIVA – Dedicados a la Seguridad Ciudadana en Venezuela

ESTUDIO – Inventario de las propuestas de seguridad
ciudadana en Venezuela (1990-2017)

Conclusiones y recomendaciones

Para una reducción de la violencia será necesario renovar el pacto social, aspirar a un tipo de sociedad de trabajo, libertades individuales, cooperación social, emprendimiento, seguridad jurídica, entre otros, que permitan la reinstitucionalización de la sociedad.
Es indispensable la determinación y voluntad política para enfrentar y manejar asertivamente el problema de la seguridad ciudadana, que se traduce en una primera instancia en la asignación de recursos amplios y suficientes en las respectivas y sucesivas leyes presupuestarias para que el sistema judicial, el sistema policial y el sistema penitenciario cuente con los recursos adecuados.
Es indispensable un sistema objetivo, confiable, transparente y accesible para la recolección de datos, estadísticas y data detallada para la elaboración de diagnósticos, medición de impactos, evaluación de políticas y medidas, creando las condiciones para intervenir e introducir los correctivos y mejoras que sean necesarias en base a información confiable.
Será necesaria una revisión de todo el cuerpo normativo, estableciendo prioridad sobre aquellas leyes que regulen ámbitos esenciales relativos de la seguridad ciudadana y al mismo tiempo descartando aquellas poco efectivas o innecesarias que sólo contribuyan a generar inflación legislativa.
El Estado debe tener control real y efectivo sobre todos los cuerpos de seguridad. La discrecionalidad de los funcionarios policiales debe ser la mínima necesaria y estar enmarcada dentro de la ley. Debe evitarse que policías y militares lleven el control político de la seguridad ciudadana, la dirección de carácter netamente civil.
El Estado debe aplicar más la inteligencia estratégica que la fuerza. La inteligencia debe aplicarse dentro de dos ámbitos de acción: en el mundo delictivo y dentro de las instituciones encargadas de su control. Los sistemas de inteligencia policial17 deben fortalecerse y ser determinantes para racionalizar y hacer más efectivas las operaciones policiales.
Restablecer la confianza del ciudadano en el sistema policial.
Reforzar la profesionalización de los cuerpos policiales.
Una política de seguridad sin una política social que le sirva de marco y que no sea realmente efectiva, carece de sentido. No se puede pretender sustituir con el sistema penal lo que no se ha realizado previamente con la política social”.
Las instituciones encargadas de la satisfacción de los derechos básicos a la alimentación, salud, educación, trabajo y vivienda deben ser las primeras en estar presentes en la comunidad y cumplir con su rol. Sin la política social con la política de seguridad, la segunda debe formar parte de la primera.
Retomar el control del Estado sobre el sistema de prisiones y transformarlas para que respondan a los propósitos contenidos en la Constitución.
Fortalecer las policías estatales y municipales. Reducir progresivamente las áreas de seguridad que maneja la Guardia Nacional.
La política de seguridad ciudadana que se establezca debe enmarcarse en el Estado de Derecho y el respeto a los Derechos Humanos.
Es necesario desarrollar políticas para la atención de personas, jóvenes y niños en situación de riesgo. Así mismo, fortalecer las capacidades de las comunidades para participar en los diagnósticos, diseño, seguimiento y evaluación de políticas de seguridad ciudadana. La sociedad civil debe participar activamente en el diseño y seguimiento de iniciativas, planes y políticas de seguridad ciudadana, que permitan entre otras cosas establecer las prioridades que deben atenderse en la materia. De igual forma, la creación de mecanismos que garanticen un seguimiento y evaluación para garantizar la transparencia en la ejecución de los recursos.
Una política de Estado de seguridad ciudadana debe construirse con consenso político y ciudadano, para ser sostenible en el tiempo, evaluarse, medir sus impactos, logros o debilidades y corregirse.
Como ha sido detallado en el presente estudio, durante el lapso histórico evaluado se ofrecieron al país diferentes iniciativas, algunas provenientes de la sociedad civil o de sectores de la oposición política, que, al no tener acceso al poder, no tuvieron posibilidad de instrumentar. Como se ha mencionado, la responsabilidad fundamental de los éxitos o fracasos en materia de seguridad ciudadana recaen sobre quiénes gobiernan; y en ese sentido, si hubiera existido realmente voluntad política en enfrentar el problema de la criminalidad o violencia, si se hubieran instrumentado las recomendaciones de la CONAREPOL del 2006; o de la Gran Misión A Toda Vida Venezuela, del 2012; es muy posible que se hubieran logrado mejoras y reducción de los homicidios. Pero lo planteado por el propio Gobierno; en ambos casos, no se instrumentó.

INVENTARIO – Propuestas de Seguridad Ciudadana en Venezuela (1989-2017)

Luisa Berlioz-Paz Activa