ESTUDIO – Inventario de las propuestas de seguridad
ciudadana en Venezuela (1990-2017)
(Ver documento completo)

(1958-1989) Antecedentes
De la Ley de Vagos y Maleantes a El Caracazo

El “Pacto de Punto Fijo” suscrito en 1958 por los partidos Acción Democrática, URD   y   COPEI   aseguró   gobernabilidad  a   la   incipiente   y   frágil   democracia venezolana; pero se excluyó a los partidos de izquierda. Luego del fracaso de la sangrienta lucha armada y pacificado el país, transcurren 25 años de crecimiento y auge económico, no siempre acompañado de progreso social. El país sufre un acelerado proceso de urbanización y demanda de más calidad de vida, generando cinturones de miseria que los distintos gobiernos no son capaces de resolver. Para la década de los 80 el modelo político de alternatividad en el poder de los grandes partidos, Acción Democrática y COPEI ya mostraba señales de agotamiento. El período de bonanza petrolera conocido como la “Venezuela Saudita” había terminado. El viernes 18 de febrero de 1983, conocido como “Viernes Negro” por la   abrupta   devaluación   del   bolívar   frente   al   dólar,   derivado   de   políticas económicas asumidas por el presidente Luis Herrera Campíns, conllevó un primer control de cambio, generando un hito en la historia económica del país.

El período escogido para el análisis del presente informe se inicia en 1989, año en que ocurrió el llamado “Caracazo”. El 27 de febrero de 1989 dio inicio a una semana de protestas, contra el alza del precio de la gasolina y otras medidas del llamado “paquete económico” que trató de instalar el presidente Carlos Andrés Pérez empezando su mandato. Esta situación arrojó un saldo indeterminado de víctimas mortales, entre 300, 500 y según algunos hasta 3.000 (Notitarde, 2016); que marcarían profundamente al país. Se abría para Venezuela una era de inestabilidad política y aumento paulatino de la criminalidad; mientras que, curiosamente, para el mundo a finales de ese mismo año, el 10 de noviembre de 1989 con la caída del muro de Berlín y el derrumbe de los países de la “Cortina de hierro”  y  el  retiro  de  las  tropas  soviéticas  de Afganistán  luego  de  años  de intervención y ocupación militar, se vislumbraba un porvenir de esperanzas, paz y desarrollo internacional, una vez superados los temores de la “Guerra fría”.

En este período en el plano de la violencia y criminalidad, los casos más sonados se relacionan con episodios de los movimientos políticos subversivos no acogidos a la “política de pacificación”, que se mantenían en armas y constituían, según el criterio  del  gobierno,  una  amenaza;  aunque  no  se  manifestaran  con  claras acciones  armadas.  Estos  grupos  armados  son  constantemente reprimidos,  así como las protestas estudiantiles en las universidades públicas.

  • El caso del llamado “Monstruo de Mamera” estremeció a la opinión pública en enero de 1980. Tres jóvenes del barrio San Pablito en Caracas desaparecieron y fueron asesinados, por celos, por el distinguido Argenis Ledezma de la Policía Metropolitana. El caso sirvió de base para el filme “Macú, la mujer del policía”.
  • La “Masacre de Cantaura” fue el resultado de una operación militar llevada a cabo el 4 de octubre de 1982 por diferentes fuerzas de seguridad del gobierno contra  un  grupo de  insurgentes marxistas del Frente  Guerrillero «Américo Silva» del partido Bandera Roja. En esta operación fallecieron 23 militantes del grupo político.
  • La Masacre de Tazón ocurrió el 19 de septiembre de 1984 en el peaje de Tazón, cuando efectivos de la Guardia Nacional dispararon contra más de doscientos estudiantes que se trasladaban en cuatro autobuses, causando un saldo de más de 35 heridos.
  • La Masacre de Yumare ocurrida el 8 de mayo de 1986 en el estado Yaracuy fue el asesinato de nueve miembros del grupo subversivo Punto Cero.
  • La Masacre de El Amparo ocurrió el 29 de octubre de 1988 en el municipio Páez del estado Apure, donde fueron asesinados 14 personas por funcionarios policiales y militares del Comando Específico “José Antonio Páez” (CEJAP).

Para el año 1989 Venezuela contaba con 19,39 millones de habitantes, un PBI per cápita de 2.172,43 U$ y un Producto Interno Bruto de 19,39 miles de millones de U$ (Banco Mundial, 2018). El precio del barril de petróleo Brent estaba en 19,84 $ en diciembre (Expanción, 1989)y la tasa de homicidios era de 13 por cada cien mil habitantes, con un total de 2,513 casos de homicidios ocurridos a nivel nacional. La tasa de homicidios de Colombia en ese momento era de 68 por 100 mil habitantes, la de Brasil de 18,6 y la de México de 16,6.

El auge del narcotráfico en Colombia comienza a permear hacia Venezuela, impulsado inicialmente por bandas internacionales y muy especialmente por la mafia italiana. (Tablante, Tarre, 2013). Aunque la rentabilidad que produce el tráfico de cocaína también interesa a nuevos traficantes locales, en el plano de la delincuencia común, todavía existía cierto rechazo por parte de las bandas delictivas hacia el negocio de las drogas.

Tabla 1: Número y tasa de homicidios en Venezuela para el período 1985-1989

Año No. de Homicidios Tasa x 100 m/h
1985 1675 9
1986 1501 8
1987 1485 8
1988 1709 9
1989 2513 13

Fuente: Estadística del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalística (CICPC).
Elaboración Paz Activa

Existe consenso en cuanto a que el Caracazo, fue un punto de inflexión respecto de la violencia en el país1. Quedó demostrado que los organismos de seguridad no estaban preparados para hacer frente a una conmoción social, que no se contaba con el equipamiento ni con la capacitación necesaria. A partir de este acontecimiento, el tema de la seguridad ciudadana cobraría mayor relevancia, centrándose en la formación y el equipamiento de las policías. Para ese momento, los principales problemas eran las bandas que efectuaban robo a bancos, secuestros, robos y hurtos de vehículos. Sobre la situación penitenciaria, en 1989 la población penal era de 29.161 personas.

Para entonces continuaba en vigencia la Ley de Vagos y Maleantes2, adoptada por primera vez en 1936 y modificada en 1956. Después de la transición a la democracia en 1958, permaneció como marco legal. Se aplicó de manera discrecional y discriminatoria, por funcionarios policiales, sin un control de la Fiscalía o del Poder Judicial.

En los años 703, en vista de que el delito seguía en aumento, la policía científica (PolicíaTécnica Judicial – PTJ) de seguridad de Estado, (Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención – DISIP), optaron por algo que en su momento fue efectista y que no correspondía a sus funciones: la creación de brigadas de patrullaje vehicular y motorizado. Fue un intento por cubrir espacios y coadyuvar en la disminución de los delitos. Respecto a la actuación de la PTJ, su tarea principal era la investigación penal para resolver casos, pero la impunidad comienza a crecer por la escasez de recursos y de personal para atender todas las incidencias, denuncias y expedientes.

En 1989 se realizan las elecciones de autoridades locales, iniciándose un proceso de descentralización que facilitaría la conformación de las policías municipales y los gobernadores de estado gozarían de mayor autonomía. El nuevo ordenamiento legal permite la reinstauración de policías municipales. La primera policía municipal fue la de Baruta con la alcaldesa Ivonne Attas. Luego la del municipio Sucre de Caracas, que tuvo impacto positivo a nivel de la opinión pública y será la precursora de la Policía Municipal de Chacao, que generará un cambio en materia policial.

La política de los gobiernos de Estados Unidos, bajo las presidencias de Nixon y Reagan, se caracterizaron por una postura firme en la guerra contra las drogas. Se incorporaron unidades de la Dirección de Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP), la Guardia Nacional (GN) y la Policía Técnica Judicial (PTJ), en servicios antidrogas, dando inicio a una política represiva que afectaría a las cárceles e incluyó temas de delincuencia y drogas. En este período se definieron nuevas amenazas para la seguridad: la droga y la guerrilla colombiana.

INVENTARIO – Propuestas de Seguridad Ciudadana en Venezuela (1989-2017)


Luisa Berlioz-Paz Activa