Guerra silenciosa ha cobrado más de 200 vidas en un mes
Policías y ladrones son antónimos. Los padres enseñan a sus hijos que los primeros atrapan a los segundos, que los uniformados son los buenos y que los ladrones nunca ganan; pero esta ecuación en Venezuela se volteó.
Solo en 2015 se contabilizaron 344 funcionarios asesinados a nivel nacional. En la capital del país se supo del secuestro de un coronel cuyo rescate fue pagado en dólares, del descuartizamiento de un profesor de la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (Unes) y de la quema del cuerpo de un expolicía y su esposa frente a sus hijas. Mientras que en el interior del país un policía disparó a quema ropa a un adolescente de 14 años.
Hay familias con más de dos pérdidas por homicidios. La justicia se tarda en llegar -si es que lo hace-. Tampoco es secreto que las granadas, bazucas y fusiles que pululan en el mercado negro venezolano, llegan a manos de delincuentes libres o presos y son lucidas en sus redes sociales como trofeos.
El refrán popular “ojo por ojo y diente por diente” parece ajustarse a la nueva relación entre autoridad policial y delincuencia, que si bien son conceptos contrarios, en 2016 se convirtieron en condiciones de una guerra no declarada.
En 31 días de este año, 215 personas presuntamente incursas en delitos fallecieron supuestamente al resistirse a los efectivos de seguridad y 22 funcionarios fueron asesinados en diferentes circunstancias. Una investigación del criminólogo Keymer Ávila señala que 70% de los efectivos de seguridad son impactados por balas fuera de su horario laboral. Solo en cinco estados del país hubo al menos 237 muertes en ambos bandos.
En el informe anual del Ministerio Público (MP) de 2015 se informa que en todo el país, durante el segundo semestre, 245 sospechosos murieron en presuntos enfrentamientos con comisiones que integraban la Operación Liberación y Protección al Pueblo (OLP). Un conteo, realizado por Últimas Noticias en enero de 2016, da cuenta de que únicamente en estas OLP fallecieron más de 200 personas.
La unidad élite
El 5 de enero, ocho presuntos secuestradores cayeron por las balas de los funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas (Cicpc) en Higuerote y Guarenas, estado Miranda. Desde hacía meses los agentes de la División Contra Extorsión y Secuestro les seguían el paso a los delincuentes que provenían de la Cota 905 y estaban implicados en varios plagios, cuyos rescates se cobraban en dólares. Al día siguiente, el inspector Eduardo Aguilar fue asesinado cuando llegaba a su casa en Montalbán, Distrito Capital.
Aunque oficialmente se maneja el móvil del homicidio para llevarse el arma de fuego, fuentes del Cicpc consultadas por Efecto Cocuyo ponen en duda esa versión. A través de un video grabado por cámaras de seguridad de la zona, se ve cómo al funcionario lo abordaron de forma inmediata sin que el vehículo se detuviera, “como si supieran que era Cicpc y de la División Contra Extorsión y Secuestro”. Por este crimen señalaron a “El Vampi”.
Carlos Alfredo Calderón Martínez, nombre de pila de “El Vampi”, ingresó a la lista negra del Cicpc en 2012 cuando participó en el secuestro y asesinato del mánager de Caramelos de Cianuro, Libero Iazzo. Su expediente engordó con otros plagios, robos de vehículos y homicidios orquestados desde la Cota 905, según las autoridades detectivescas. Fue él quien habría matado y quemado a tres hombres y un Policía Nacional Bolivariano (PNB) la segunda semana de diciembre de 2015 en el barrio Las Quintas.
Su vida terminó cuando decidió hacer frente a la nueva Unidad Élite del Cicpc, que ingresó al barrio Hoyo de la Puerta de Baruta, estado Miranda, seis días después del homicidio del inspector. En ese procedimiento murieron dos supuestos secuestradores más y 13 personas fueron detenidas y puestas a la orden del MP.
Esa Unidad Élite no fue anunciada con bombos y platillos como pasó con la OLP, que después de siete meses de ejecución no ha detenido a los cabecillas de las principales megabandas que azotan al país. Esta vez, la implementación de una nueva política de seguridad se hizo en medio del silencio de los más altos rangos de los cuerpos de seguridad del Estado.
De forma extraoficial, se conoció que este grupo funciona con los mejores hombres del Cicpc, seleccionados de las subdelegaciones del interior del país y enviados a Caracas. El objetivo sería dar de baja a 10 delincuentes por cada funcionario caído; además de evaluar los expedientes de criminales y seleccionar aquellos que hayan cometido más de tres homicidios y que se consideren “irrecuperables”.
“No sé si esa orden se dio. Lo que sí puedo decir es que personas como “El Coqui” no sirven de nada para la sociedad. Un estafador bancario, por ejemplo, hay que detenerlo, no matarlo, porque es el que me va a dar información de cómo acabar con la red delictiva. ¿”El Coqui”? Lo que sabe él lo puedo conseguir por otro lado”, explicó un funcionario que tiene cerca de 10 años en el Cicpc y pertenence a la segunda línea de jerarquías en el ente.
El concepto de Unidad Élite proviene del mundo militar. En ese ámbito, se refiere a un grupo minoritario de soldados entrenados para tareas específicas, dotados con los más avanzados equipos y preparados para enfrentarse a fuerzas desiguales. En el mundo civil, el término se utiliza para denominar a la Brigada de Acciones Especiales (BAE) y la del Cicpc.
Según la revista Cicpc, el BAE se inició con 47 hombres capacitados para brindar apoyo táctico a funcionarios en situaciones de peligro, en áreas rurales, urbanas, en situaciones de alto riesgo, toma de rehenes y secuestros.
Aunque no existe información oficial sobre la creación de este nuevo grupo táctico, el 6 de enero el Cicpc envió una nota de prensa para informar del procedimiento en el que murieron ocho presuntos delincuentes en Miranda. Allí se mencionó por primera vez en este año el término Unidad Élite y en días siguientes tres comunicados más mencionaron esa denominación, incluso para una operación militar que se realizó en Táchira.
Fuente: Vanessa Moreno (Efecto cocuyo)
