Paz Activa presenta propuesta de ley contra la corrupción (Informe técnico)

(Caracas, 30 de agosto de 2016) – Con miras de fortalecer las capacidades de los diputados electos de la Asamblea Nacional en Seguridad Ciudadana y Contraloría, la Asociación Civil Paz Activa, llevó a cabo una serie de actividades (foros, talleres y mesas de trabajo) que se realizaron los pasados meses de junio, julio y agosto de este año en curso.

Uno de los resultados de estas actividades es el Informe sobre una propuesta sobre la Ley contra la Corrupción, elaborado por Fernando M. Fernández, quien hizo una minuciosa revisión de la normativa existente para elaborar un importante conjunto de recomendaciones.

“El conjunto de recomendaciones que presentamos es limitado no exhaustivo ni excluyente de otras ideas expresadas de buena fe que han venido realizándose desde hace un tiempo. Solo pretendemos agruparlas, según entendemos, se pueda ser eficiente al aprovechar las experiencias pasadas y actuales con sus errores y aciertos cometidos. Los primeros no deben repetirse y los segundos deben desarrollarse de forma detallada. También tomamos en cuenta las iniciativas que han dado buen resultado en la prevención, la represión de los delitos y los delincuentes en otros países, así como en la recuperación de activos”, indica Fernández en el Informe presentado.

Entre las observaciones más importantes encontramos las Recomendaciones generales al Estado: Fortalecer y aplicar celosamente el principio constitucional de División de los Poderes Públicos, base fundamental de una democracia representativa eficiente, moderna y transparente al servicio de la población, conforme a los altos estándares que se observa en los países con mayor desarrollo humano. En efecto, en una renovación de sus autoridades, es imprescindible que exista:
1) Un Poder Judicial independiente y autónomo, integrado por jueces titulares, y seleccionados por riguroso concurso entre los mejores abogados, que sean imparciales, respetados y respetables.
2) Un Ministerio Público independiente, valiente y objetivo, integrado por los mejores abogados penalistas, seleccionados por riguroso concurso.
3) Una Contraloría independiente, objetiva y muy técnica que establezca sistemas claros y eficientes de monitoreo y rendición de cuentas que reciba reportes de operaciones sospechosas de la administración pública, pero de forma tal que no entraben o paralicen las funciones propias del Estado;
4) Una Defensoría del Pueblo independiente de lealtades políticas, gremiales, sindicales, comerciales y de cualquier otro tipo que defienda a los ciudadanos de la corrupción en la administración pública, de sus errores y deficiencias y que formule propuestas de reformas institucionales, legales o de funcionamiento;
5) Un Poder Ejecutivo que sea el más ejemplar cumplidor y ejecutor de las leyes y que incorpore sistemas de cumplimiento normativo en su seno y que sea capaz de reportar operaciones sospechosas a los organismos de control externo;
6) Finalmente, un Poder Legislativo que vigile la administración pública de forma constante y, especialmente, sea capaz de disponer los remedios legales al desorden y anomia que han sido característicos del Estado venezolano.

En cuanto a la Asamblea Nacional, el Informe señala que se debe formular una Agenda Legislativa realista y progresista que restablezca el Estado Constitucional de Derecho y de Justicia. Para lograr esto habría que proceder a:

  1. Eliminar por vía legislativa la conformación del Estado Dual mediante reforma de las leyes del sistema comunal y organizaciones paralelas y radicarlo en el ámbito municipal de forma descentralizada y desconcentrada para que funcione en armonía con las asambleas de
    ciudadanos, Juntas Parroquiales, asociaciones vecinales y organizaciones no gubernamentales (ONG) y otras formas asociativas de participación ciudadana de rango constitucional. De esa manera, se puede reducir la corrupción que implica mantener dos estructuras estatales paralelas a nivel nacional y, así, eliminar el gasto excesivo e irrecuperable.
  2. Sin necesidad de realizar mayores reformas legales, activar los mecanismos legales previstos en los Tratados Internacionales contra la Corrupción (ONU y OEA), la delincuencia Organizada Transnacional (ONU) y el Financiamiento del Terrorismo (ONU) a los fines de congelar cuentas y recuperar todo tipo de activos derivados de hechos corruptos, a los fines de su posterior decomiso y repatriación. Concentrar en el Ministerio Público la competencia para actuar ante otros gobiernos y organismos judiciales en los procesos de recuperación de activos.
    Lo cual se puede realizar cuanto antes de la siguiente manera:
    a. Fortalecer la cooperación penal internacional con Estados donde se verifique que se han escondido activos y capitales provenientes de la corrupción en Venezuela. Realizar cuantos convenios bilaterales sean necesarios a los fines de facilitar lo establecido en los Tratados Internacionales contra la Corrupción y otros.
    b. Estudiar y hacer uso práctico y desprejuiciado de las experiencias exitosas que se han desarrollado a partir del Proyecto STAR del Banco Mundial1, del Banco Interamericano de Desarrollo2, de la INTERPOL3 y de la ONU4, lo cual permitiría recuperar bienes robados aún sin condena penal.

También se incluyen comentarios dirigidos a la Sociedad Civil:

1. Fomentar la participación ciudadana en todos los aspectos que procuren el monitoreo, vigilancia y denuncia de los hechos corruptos que se observen en la administración pública y sus servicios.
2. Recompensar el reporte de actividades sospechosas cuando sea una contribución que impida un acto de corrupción o que permita la recuperación de activos.
3. Monitorear el cumplimiento de las normas anticorrupción y su adecuación a los estándares internacionales.

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