OLP, un error para la seguridad ciudadana

Lo que comenzó como un plan para garantizar la seguridad en las zonas populares, se ha convertido en un procedimiento que ha logrado todo menos disminuir la criminalidad en el país. Detenciones arbitrarias, abusos a la propiedad privada y las denuncias de ejecuciones extrajudiciales son algunas de las violaciones a los derechos humanos aplicadas por un procedimiento que, según expertos, sólo tuvo fines electorales en 2015

Las autoridades consideraron positivas las cifras del primer balance. Un total de 14 presuntos delincuentes fueron ultimados, 134 personas resultaron detenidas y fueron recuperadas armas (de diferentes calibres), vehículos, motocicletas y varios apartamentos donde los propietarios fueron desplazados por delincuentes para ser utilizados para el “acaparamiento” y contrabando de alimentos.

La ideología del operativo es simple: pacificar las zonas populares, bajar los índices delictivos, neutralizar el tráfico de drogas y “paramilitarismo”. Sin embargo, la estrategia de este procedimiento de seguridad no resultó como se esperaba.

A medida que los operativos fueron avanzando, las denuncias de abusos a los derechos humanos no se hicieron esperar. Las ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias y allanamientos injustificados se duplicaron, y hasta triplicaron, en comparación con años anteriores, cuando el plan de la OLP no estaba en funcionamiento.

“Las OLP se convirtieron en una política de exterminio. La sentencia de muerte se ha convertido en base de Estado. Este procedimiento falla porque no actúa en concordancia con los crímenes que se están cometiendo. Los procedimientos de la OLP no pueden estar diseñados para eliminar, sino tiene que tener un política de seguridad nacional para el Estado”, declaró el director del Observatorio del Delito Organizado y Paz Activa, Luis Cedeño, en entrevista a El Nacional Web.

Otras ONG y expertos en el área criminal han proyectado todas las irregularidades durante los procedimientos de este plan de seguridad y difieren, en amplio margen, con las cifras otorgadas por los organismos del Estado.

Sin disminuir la inseguridad

La Operación de Liberación y Protección del Pueblo es, como su nombre lo indica, un plan para salvaguardar las zonas del país afectadas por la inseguridad. Sin embargo, los resultados que ha generado son adversos.

En el balance anual de 2015, presentado por la fiscal general de la República, Luisa Ortega Díaz, se registraron 17.778 asesinatos “culposos” (lo que es equivalente a 58,1 homicidios por cada 100.000 habitantes), 245 de ellos durante los primeros 5 meses de la OLP.

No obstante, estas cifras presentadas por el gobierno difieren con los reportes de las ONG. El Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) determinó que la cifra de asesinatos el año pasado fue de 27.875, mientras que el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) publicó en su informe anual que además de los casos presentados por el Ministerio Público recibieron denuncias que aumentan a al menos 460 la cifra de denuncias contra el derecho a la vida el año pasado. Esto equivale a un aumento de 109% en relación con 2014.

“La Fiscal no incluyó en su informe anual el número de asesinatos por policías (en los enfrentamientos o extrajudiciales), los que resultaron heridos en un intento de robo, ni todos los que cayeron en las Operaciones de Liberación del Pueblo que se han realizado en todo el país”, dijo el director de la ONG, Roberto Briceño León, días después que la Fiscal General presentara su Memoria y Cuenta ante la Asamblea Nacional.

El abuso de la fuerza policial

El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz siempre ha promovido la labor de los cuerpos de seguridad que participan en la OLP. Las fuerzas de seguridad que integran estos procedimientos están integradas principalmente por el Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc), Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

Para el criminólogo y especialista en seguridad ciudadana, Luis Izquiel, de todos esos cuerpos de seguridad, el único que debería estar participando en la OLP debería ser la PNB. El argumento es que las fuerzas militares no están preparadas para la seguridad ciudadana, sino para la destrucción del enemigo externo que atente contra la soberanía de la nación.

“En los últimos 17 años, casi todos los ministros de Interior y Justicia han sido militares. Este concepto, de estar preparados para una guerra, no ha servido para disminuir la criminalidad y no hay mayor evidencia de que la estamos viviendo”, dijo Izquiel a El Nacional Web.

El especialista resaltó que después del balance brindado por la Fiscal General de la República sobre la cifra de homicidios e inseguridad del año pasado, se pudo determinar que durante los procedimientos de la OLP aumentaron considerablemente, en relación con los años anteriores, las ejecuciones extrajudiciales, las detenciones masivas sin presentaciones ante el Ministerio Público y los allanamientos injustificados.

Un verdadero plan de seguridad ciudadana

La Operación de Liberación del Pueblo no ha dado indicios de que es un éxito. La razón es que no ha conseguido cumplir con su principal requisito: la pacificación en la sociedad.

Para el sociólogo Roberto Briceño León, la OLP es un “fracaso social”, debido a que no disminuye la violencia o el delito, sino que lo incrementa. “Después de esa inmensa intervención que hacen en las zonas populares para tratar de preservar la seguridad, es evidente que no tiene resultados palpables. Llegan a los lugares donde hacen las requisas y después se retiran, sin ser conscientes del desastre que dejaron atrás”, dijo el también experto en el área de seguridad ciudadana en una entrevista exclusiva con El Nacional Web.

El director del Observatorio Venezolano de la Violencia señaló un dato muy curioso. A pesar de las fallas en los procedimientos de seguridad, desde la ONG han determinado que la OLP no ha sido objeto total de rechazo en la población, con excepción de aquellas personas que han sido víctima de atropellos por las fuerzas del Estado durante los operativos.

Los procedimientos en las zonas donde operan las bandas criminales, según el análisis de Briceño León, no es algo que se pueda hacer por la fuerza bruta sino que deben ser procesos “quirúrgicos” donde los mecanismos de inteligencia, de saber cómo llegarle a los líderes de las bandas criminales y desarticuladas sin problemas, sea lo primordial.

Ciudades como Caracas, Maturín y Valencia siguen liderando las listas de los lugares más violentos en el mundo, sin augurios gubernamentales sobre cambiar la situación en el país.

Fuente: El Nacional

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