ESTUDIO – Inventario de las propuestas de seguridad
ciudadana en Venezuela (1990-2017)
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(2014-2017) Mano dura y represión social
Desechando el plan a favor de las Operaciones de Liberación del Pueblo (OLP)

El 12 de febrero de 2014, se iniciaron una serie de protestas contra el gobierno de Nicolás Maduro, luego de varias semanas de haber comenzado en la ciudad de Mérida   y   San   Cristóbal.   Los   manifestantes   protestan   contra   las   políticas económicas adoptadas por el Gobierno venezolano que han ocasionado en el país la inflación más alta del mundo, el alto índice de inseguridad y violaciones a los derechos jurídicos y democráticos. El primer día de protestas en Caracas, tres personas fueron asesinadas por disparos en la cabeza. Durante las semanas siguientes continúan las protestas. Se registran actos vandálicos contra bienes públicos, así como la existencia de bandas armadas motorizadas presuntamente formadas por simpatizantes del Gobierno, que atacan a los manifestantes. Las protestas civiles concluyen en mayo, dejando un balance de 43 fallecidos (oficialistas, opositores, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana entre otros), más de 486 heridos y 1854 detenidos, según informe de la Fiscalía General de la República, mientras que el Foro Penal Venezolano denunció 33 casos de tortura.

La presidencia y administración de Nicolás Maduro desarrolla un marcado giro en cuanto a las políticas de seguridad de su antecesor Hugo Chávez, tanto en el plano político como en materia de delincuencia común y delincuencia organizada. La represión frente a la criminalidad se llevaría a cabo a través de las llamadas “Operación de Liberación del Pueblo”, OLP.

  • El 26 de abril de 2014, Eliécer Otaiza ex director de la Dirección de los Servicios de Inteligencia y Prevención (DISIP) y presidente del Concejo Municipal de Libertador es asesinado con cuatro impactos de balas.
  • El 1 de octubre de 2014, el diputado oficialista Robert Serra fue encontrado muerto en su vivienda junto a su asistente, ambos con múltiples heridas de arma blanca y amordazados.
  • En la madrugada del 13 de julio del año 2015 , el barrio caraqueño conocido como   la   Cota   905   se   vio   sorprendido   por   una   irrupción   militarizada espectacular en la que murieron 14 personas y más de 200 fueron detenidas por la Guardia Nacional Bolivariana. Horas más tarde, el presidente Nicolás Maduro anunció el nuevo operativo militarizado —ya era el cuarto, en estos últimos cinco años—. Se denominó Operación de Liberación y Protección del Pueblo (OLP).

Para el año 2017 Venezuela contaba con 31,9 millones de habitantes, un PBI per cápita de 6.850 U$ y un Producto Interno Bruto de 389,4 miles de millones de U$ (Banco Mundial, 2018). El precio del barril de petróleo Brent rondaba los 65 U$ (Expansión, 2017). La tasa de homicidios había ascendido a 89 por cien mil habitantes, con un total de 26.616 casos de homicidios ocurridos a nivel nacional en el año 2017.

Tabla 11: Número y tasa de homicidios en Venezuela para el período 2014 – 2017

Año No. de homicidios Tasa x 100 m/h
2014** 24980 82
2015** 27875 90
2016* 21752 70,1
2017** 26610 89

Fuente: **Observatorio Venezolano de Violencia (OVV). El dato se refiere a “muertes violentas” que incluye: homicidios legalmente establecidos, averiguaciones de muerte y resistencia a la autoridad. * Ministerio Público. Elaboración Paz Activa

Para el año 2017, la situación del sistema carcelario venezolano es de aproximadamente 100 mil personas privadas de libertad. Hay 55 mil personas en centros penitenciarios, 45 mil personas en comisarías policiales nacionales, estatales y municipales y el 70% no han sido sentenciados.

La capacidad del sistema penitenciario es para 23 mil personas. El hacinamiento en el sistema de prisiones es del 250%. Para todos los cuerpos policiales la imposibilidad de transferir detenidos al sistema penitenciario constituye un gravísimo problema a atender con urgencia.

En octubre del 2014, en paralelo al Plan Patria Segura y su reactivación posterior, el Presidente Nicolás Maduro crea la Comisión Presidencial para la Revolución Policial y designa como su presidente al diputado Freddy Bernal. En marzo de 2015, Bernal entregó a la Comisión de Política Interior de la Asamblea Nacional varios proyectos de leyes:

  • Proyecto de Ley de los Órganos de Seguridad Ciudadana.
  • Proyecto de Ley Especial de Seguridad Social de Policías.
  • Proyecto de Ley para la creación de la Jurisdicción Penal en Materia de Policía.
  • Proyecto de Ley para habilitar a los cuerpos policiales municipales y estadales en materia de Investigación penal para delitos menores de ocho años.
  • Proyecto de Ley para la instrumentación del proyecto «Se Busca», para presentar públicamente la lista de los delincuentes más buscados del país.

En julio de 2015 se da inicio a una visión totalmente militar de operaciones de seguridad con las OLP. Con esta iniciativa se hace evidente la militarización de la Policía Nacional Bolivariana, PNB, y se advierte que es “un retroceso de todo lo avanzado en el marco del proceso de reforma policial… Implica el desarrollo de una política de mano dura”11. Un indicador de este retroceso es el despliegue de la Fuerza de Acciones Especiales (FAE) de la PNB, acompañados por la GNB y otros cuerpos de seguridad del Estado. Las OLP fueron operativos que utilizaron fuerzas policiales y militares para “liberar” a distintos sectores urbanos y rurales que presuntamente estaban “bajo el control de grupos criminales, habitualmente señalados como paramilitares”.

Desde las comunidades y organizaciones de la sociedad civil existen críticas muy duras sobre las acciones de las OLP13, pues hay un sentimiento de “desamparo institucional, de sentido de desprotección” frente a los organismos del Estado. En la iniciativa Caracas Mi Convive14, se afirma que estas acciones han formado parte de actos de violencia por parte de los cuerpos de seguridad del Estado.

El 19 de julio de 2016, el presidente Nicolás Maduro promulgó la Ley que Regula el Uso de Telefonía Celular y el Internet en el Interior de los Establecimientos Penitenciarios. Esa fue la primera Ley aprobada por la Asamblea Nacional por unanimidad y que contaría con el visto bueno del presidente Nicolás Maduro.

En septiembre de 2017, el ministro del Interior y Justicia Néstor Reverol, anuncia la puesta en marcha del Plan Nacional Antisecuestro que contará con nueve instancias para ampliar las acciones en este ámbito, como un centro de atención preventiva a instalarse en el Centro Penitenciario de Oriente, conocido como El Dorado, ubicado en el estado Bolívar, y un centro estratégico de inteligencia, una unidad de aprendizaje para la prevención y otra de atención a las víctimas y familiares. También contará con una unidad nacional de negociación y manejo de crisis antisecuestro, una unidad interinstitucional de asesoría y representación jurídica para los funcionarios de seguridad y un órgano interinstitucional de asesoría y representación jurídica para los funcionarios de seguridad.

INVENTARIO – Propuestas de Seguridad Ciudadana en Venezuela (1989-2017)


Luisa Berlioz-Paz Activa