El informe de la Fiscal

20/02/2016
Artículos, Noticias

El documento entregado al Parlamento por la titular del Ministerio Público poco dilucida sobre la situación de criminalidad que vive el país. Parece más bien una pieza de propaganda. Las omisiones y las verdades a medias están a la orden del día.

El documento entregado por la fiscal general Luisa Ortega Díaz a la Asamblea Nacional no es una memoria y cuenta, por lo menos en el sentido tradicional de informe con una relación detallada de acciones tomadas por su despacho ante las distintas manifestaciones del delito, debidamente cuantificadas. Se trata en realidad de una pieza propagandística, en cuya confección se hizo una cuidadosa selección de datos, para transmitir la impresión de que la criminalidad en el país no se ha agudizado, y que por el contrario se encuentra controlada.

A continuación algunas evidencias para sustentar esta afirmación:

1- Divulgó una cifra equívoca de casos de homicidios, que no incorpora por ejemplo los reportes de crímenes en el interior de los retenes, internados judiciales y penitenciarías. Tampoco especifica si tomó en cuenta los casos de muertes por “resistencias a la autoridad” y las averiguaciones-muerte transformadas en homicidios como consecuencia de las pesquisas policiales. Todos estos rubros (lo sabe la fiscal) son colocados en renglones aparte por órdenes del Ministerio de Relaciones Interiores. De manera que solo fueron tomados en cuenta para este cálculo los homicidios por disputas entre grupos delictivos (ajustes de cuenta y conceptos afines) así como también los ocasionados a víctimas inocentes en el curso de tales disputas o como consecuencia de oponerse a la acción del hampa, problemas pasionales o conflictos de convivencia. Esto explica en parte la creciente brecha entre las totalizaciones del despacho fiscal y la proyección del Observatorio Venezolano de la Violencia (17778 versus 27875). Además, el Ministerio Público citó como punto de partida para su cálculo al llamado Protocolo de Bogotá, establecido en noviembre de 2015, y que supone entre otras cosas un acceso a la información sobre seguridad ciudadana por parte de la sociedad civil que no existe en Venezuela.

2- Omitió la información sobre el número de secuestros y extorsiones denunciadas ante las distintas autoridades o detectadas en flagrancia. En cambio, en el capítulo correspondiente divulgó una serie de datos sueltos, como por ejemplo el hecho de que hayan sido procesados 227 funcionarios por tales delitos (sin especificar cuáles), con lo que se transmite una peligrosa noción sobre una supuesta elevada participación de agentes de cuerpos de seguridad en secuestros. Dice además que durante 2015 fueron imputadas 3550 personas por tales conceptos, nuevamente sin dar detalles. Si partimos de la base de que la extorsión tradicionalmente es menos perseguida por las policías, nos daremos cuenta de la enorme cantidad de personas involucradas actualmente en expedientes por secuestros. Esto viene a confirmar la noción de que los venezolanos padecimos en 2015 las consecuencias de un auténtico estallido de este delito en todo el país. Un indicio al respecto es que el 4,6% de las averiguaciones iniciadas por la Fiscalía el año pasado fue por tal ilícito, unido a las extorsiones y amenazas.

3- La cifra sobre robo y hurto de vehículos continuó siendo un enigma. El informe indica sin embargo que abarcaron el 14% de todas las denuncias procesadas ese año. Con el ánimo de promocionar la “efectividad” de las policías del país, la fiscal precisó además que durante 2015 fueron recuperadas 15256 unidades. Aunque los porcentajes de recuperación generalmente no superan el 15% de los vehículos robados o hurtados, digamos que el año pasado los cuerpos de seguridad fueron especialmente diligentes y ubicaron 2 de cada 10 vehículos apropiados por el hampa. Eso quiere decir entonces que este período pudo finalizar con 76280 vehículos denunciados por robo o hurto. Una verdadera industria criminal.

4- En cuanto al tema de las drogas ilícitas se omite el total de estas sustancias incautado en 2015, probablemente para no entrar en conflicto con los partes inflados que proceden de la Oficina Nacional Antidrogas, una dependencia tomada desde hace años por los militares. Ya el Departamento de Estado de EEUU ha advertido que en Venezuela se da una cifra más alta de incautaciones que la real, incorporando por ejemplo el peso de las maletas y envoltorios de las drogas. También lo decomisado durante operaciones de fuerzas militares extranjeras contra embarcaciones venezolanas en altamar. Además, se exhibe como logro la imputación de 21127 personas por estos delitos, sin detallar mejor cuáles del amplísimo menú de ilícitos sobre la materia. Sabemos, sin embargo, que generalmente son casos de personas sorprendidas con pequeñas porciones para consumo personal, que ni siquiera deberían ser procesadas como criminales sino tratadas por estructuras distintas a las del Ministerio Público. Eso desde luego las sacaría de la estadística. Además, se refieren casos de años anteriores como el de Walid Makled y Air France que para nada hablan de un sistema judicial diligente e independiente, sino por el contrario de un aparato que actúa con lentitud y una sospechosa selectividad.

Estos cuestionamientos, y probablemente muchos otros, han pasado por las cabezas de los nuevos diputados de la Asamblea Nacional, quienes recibieron el informe pero no pudieron interrogar a la titular del Ministerio Público. Ella dice que como jefa de un poder autónomo no es interpelable. Las preguntas, entonces, quedarán para el ministro de Relaciones Interiores, cuando decida acatar el llamado del Parlamento.