Denuncian excesos en Operación de Liberación del Pueblo

Luis Cedeño, director de Paz Activa, señala que la OLP viola claramente la Declaración Universal de los Derechos Humanos, pues se trata de un operativo que ha cobrado vidas, ocasionado desalojos forzosos y que, por declaraciones de las autoridades, no cesará en los próximos días.

El sociólogo Luis Cedeño, Director ejecutivo de la Asociación Civil Paz Activa, señala que esta medida de “mano dura” representa la neta activación de la violencia militar que, en un principio, tenía como meta contrarrestar violencia y delincuencia. Sin embargo, las pruebas de que esta manera de proceder es la menos indicada la podemos observar cuando entre las víctimas se encuentran jóvenes asesinados que no tenían ni la más mínima implicación con bandas o hechos delictivos.

“Mundialmente está siendo cuestionada la forma de proceder en los barrios de Venezuela, pues se están violando los derechos humanos, tanto de la víctima como de los familiares. Recordemos que la Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona”, dijo Cedeño.

Cedeño también manifiesta que es insólito pensar que la pena de muerte se esté implementando en Venezuela, pues desde hace más de 100 años alejada de ella, se está reflejando la activación de lo que se considera una violación al derecho universal de la vida. En este sentido, la ONG Amnistía Internacional señala que ser una persona de bajos recursos, así como pertenecer a una etnia o religión implica tener más probabilidades de ser condenado a muerte, debido a la discriminación que existe en el sistema de justicia. Además, anuncia que las comunidades pobres o marginadas tienen más dificultades para acceder a los recursos legales que necesitan para defenderse. “Ejecutar a una persona es definitivo e irrevocable y no se puede descartar nunca el riesgo de ejecutar a inocentes”, informa la organización.

Por otro lado, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), estipula que no se restablecerá la pena de muerte en los Estados que la han abolido. Cabe destacar que Venezuela fue el primer país en el mundo en abolir la pena de muerte, en el año 1863.

“Demolieron mi casa, me dejaron en la calle”

Foto: Archivo

Emily León, madre y miembro del Comité Víctimas de las OLP La Ensenada, narra cómo hace 14 meses, y luego de haber vivido 33 años en el sector, a las 4:30 de la mañana unos efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana entraron a su casa en Casalta, Caracas, por órdenes de Estado.

Un comandante se me acercó y me dijo que tenía dos horas para desalojar mi casa, sacar a mis dos niños y todas mis cosas, que si no lo hacía por las buenas tendría que ser por las malas. Ese día abrieron unos huecos en las paredes de las casas para así evitar que volviéramos; al día siguiente, cuando volvimos estaban los mismos guardias, pero esta vez con una demoledora, con la que acabaron hasta con el más mínimo de concreto”, señaló.

Luis Cedeño recalca que, efectivamente, Venezuela necesita una reacción frente a la delincuencia por la que es azotada, pero que mientras las medidas de respuesta a la violencia sea más violencia, los resultados no serán nada favorables. Al contrario, conlleva al aumento de la misma que involucra a inocentes, nuevas personas en búsqueda de refugios y el atentado al derecho más importante: la vida. En esta misma línea, León exige una rápida repuesta a las distintas situaciones que las OLP han propiciado a nivel nacional, pues entre los afectados hay niños y niñas que presencian y viven a tan corta edad estos hechos delictivos.

El MIJ lo niega y ofrece su versión

Quinto Día consultó la posición oficial y el vocero dijo: “Aquí no se mató a nadie. Los delincuentes hicieron frente a los efectivos policiales y militares. La instrucción es que no disparen a no ser que se sientan atacados y eso fue lo que ocurrió”.

La fuente, que por seguridad prefirió reservar su identidad, confirmó que para evitar futuros enfrentamientos el MIJ autorizó la remoción a otros destinos de quienes participaron en los hechos. Alertó a los medios sobre denunciantes sin pruebas.

Fuente: Quinto Día

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