Colectivos comandan las OLP y ejecutan a presuntos delincuentes para tomar el control de los territorios

Decenas de motocicletas y camiones con más de 100 hombres y mujeres armados, con camisetas oscuras y pantalones militares arribaron al terreno, que el fallecido presidente quiso convertir en “comuna” luego de verlo desde un helicóptero. Eran los miembros de varios colectivos que hacen vida en Catia, específicamente en las adyacencias de la estación de Metro de Pérez Bonalde. La visita había llegado con tres anuncios.

El primero fue recibido con aplausos: Proponían organizar los Comité Locales de Alimentación y Producción (CLAP), creados recientemente por el Gobierno, para distribuir las bolsas de alimentos de la cesta básica en la zona. “La gente salió mayormente a apoyar eso, porque hablaban siempre de la comida y la comida”, contó un testigo que pidió la protección de su identidad. Ante la escasez de alimentos, cualquier método de abastecimiento es popular.

El segundo propósito vociferado era vengar la muerte de su camarada, miembro del colectivo, Omar José Molina Marín, de 38 años de edad, cuyo cuerpo baleado fue encontrado en abril pasado en una zona boscosa en la entrada de Ciudad Caribia. Molina era coordinador local y operador del Sistema Integral de Transporte Superficial (Sitssa), presidente del Colectivo Lautaro y vocero comunal. Había sido precandidato del PSUV a la Asamblea Nacional por el Circuito 1 del Distrito Capital.

Con el tercer anuncio se silenciaron los apoyos efusivos: los colectivos querían acabar con “los sindicalistas” que tenían bajo su control las obras de construcción del sector. Pero esos “sindicalistas” también son habitantes de Ciudad Caribia y de pronto los rostros de varios vecinos, supuestamente vinculados a actividades delictivas, fueron mostrados a todos los presentes través de una proyección con video beam en la plaza Hugo Chávez del complejo.

“Llegó la muerte mamá, esos colectivos son la muerte”

Pero la tranquilidad se esfumó en la madrugada del jueves 30 de junio, cuando grupos armados irrumpieron a las 4:00 am en el urbanismo y tomaron los edificios construidos por la Misión Vivienda. “Todo eso se veía negrito. Tenían sueter y chalecos negros, pantalones militares camuflados, guantes y la cara tapadas con pasamontañas. Venían en esos jeep blancos como los que tiene el Cicpc y camionetas oscuras, de esas destapadas atrás. También había motos de la Guardia Nacional y otras camionetas que decían Sebin”, contó una de las vecinas que observaba escondida desde su ventana.

Su hijo adolescente le advirtió aterrorizado: “¡Llegó la muerte mamá! Esos colectivos son la muerte”. Casi de inmediato los vecinos reconocieron, en el grupo de hombres armados y encapuchados, a varios de los miembros de los colectivos de Pérez Bonalde que habían estado el sábado en el urbanismo.

Una testigo cuenta en exclusiva para Runrun.es cómo los colectivos actuaron los colectivos con el apoyo de la OLP.

“Ahora uno siente miedo de cualquier uniformado, nos da terror que vuelvan a Ciudad Caribia, porque además de policías había colectivos y malandros”, aseveró otro testigo que declaró con la condición de que no se revelara su identidad. Aunque la mayoría lo vivió, prefieren decir que ese día no estaban allí. Nadie quiere hablar de ello y quien lo hace, lo hace con miedo.

 La OLP vive, la delincuencia sigue

En el caso de los homicidios, Runrun.es recopiló la data de un año de asesinatos -desde que inició la OLP- en los tres sectores y la violencia policial domina las estadísticas. Más de 62,9% de las víctimas son presuntos delincuentes que murieron a manos de funcionarios de los cuerpos de seguridad del Estado: en supuestos enfrentamientos con las autoridades, ejecuciones extrajudiciales y en el marco de la OLP.

Las denuncias de presuntas ejecuciones extrajudiciales y simulación de enfrentamientos por parte de funcionarios policiales fueron comunes en muchas de las muertes, especialmente a las cometidas dentro de la OLP. Sobre este punto el abogado y criminólogo, Keymer Ávila afirma: “El efecto de toda esa violencia institucional es el aumento de la violencia social general e incluso la que opera en contra de los propios funcionarios de las fuerzas de seguridad. Así podemos apreciar como las muertes de policías no disminuyeron”.

La data trabajada por Runrun.es también refleja que 19% de las personas murieron a manos del hampa y 5% de los fallecidos son funcionarios policiales. Además el mes de abril de 2016 fue el más violento de la medición, con 32 casos; seguido por diciembre de 2015, con 26 casos y septiembre de 2015, con 24 muertes violentas.

No solo se mantiene una escandalosa cantidad de homicidios, más allá de los números están las características de muchos de estos crímenes. Cuando se trata de una venganza, las bandas se ensañan con sus víctimas. No basta con darle varios tiros, quemar, descuartizar y torturar forman parte del nuevo ritual del asesinato. Cuando el objetivo es funcionario de los cuerpos de seguridad, y específicamente policía, la crueldad es aún mayor.

Este año, si bien las bandas de la zona han estado de bajo perfil, se afianzó el cobro de rescates en dólares, que iniciaron las organizaciones de plagiarios de la zona el año pasado. En un operativo “que se llevó a cabo en la Cota 905 desde la madrugada del martes 3 de abril… los funcionarios incautaron 5 armas, 80 gramos de drogas y 250 mil dólares en efectivo”, refiere una información difundida por el Ministerio de Relaciones Interiores.

Las bandas de la Cota 905 y El Cementerio también son las creadoras de la “tercerización del secuestro”. Estos grupos de delincuencia organizada contratan personas solo para que se ocupen de capturar a las víctimas. “Forman diariamente tres o cuatro grupos de secuestradores, integrados por 4 o 5 personas cada uno. Todas estas personas reciben 1.000 dólares de pago. Cada grupo asume el compromiso de llevar entre 3 y 5 secuestrados por día”, explica un experto en la investigación de secuestros. Posteriormente las víctimas son entregadas a la organización delictiva que se encarga de cobrar el rescate, con montos que van desde los 5.000 dólares.

El cobro de vacuna o extorsión es otro de los delitos que se ha consolidado en esta zonas. Los comerciantes y transportistas son obligados por los delincuentes a pagar un peaje para poder ejercer su actividad. “Los gariteros son quienes cobran las vacunas en El Valle, Cota 905 y El Cementerio. Por lo general lo hacen los viernes en la mañana. Por ejemplo, a una panadería en El Cementerio le cobran 40 mil bolívares semanales. A un comercio pequeño le cobran 5 mil bolívares semanales y en otros establecimientos la vacuna oscila entre 10 y 15 mil bolívares”, detalló un vecino del sector.

“Sensación de seguridad” en el corredor de la muerte

El legado de los difuntos ex cabecillas de las bandas que operan en el eje Cota 905, El Valle y El Cementerio se mantiene sigiloso en los barrios de los tres sectores populares, que a inicios de 2015 se consolidaron como “zona de paz”, gracias a la intervención del ex viceministro de Relaciones Interiores, José Vicente Rangel Ávalos, y luego de un pacto de no agresión que hicieron los delincuentes para enfrentar a la policía, desplazarse por sus territorios con libertad y proteger su negocio: el comercio de droga.

Inti Rodríguez, coordinador de investigación de la ONG Provea, explica que con la OLP se han dado tres tipos de desplazamientos urbanos: Familias desplazadas por delincuentes, familias desplazadas por policías y policías desplazados por delincuentes. “Ha sido un fenómeno silencioso y no atendido por el Estado. En este momento conocemos 12 casos”, dijo.

El sociólogo y director del Observatorio Venezolano de la Violencia, Roberto Briceño León, considera que las OLP no son una política acertada para pacificar a la sociedad. “violencia trae violencia”, precisa al referirse a la segunda fase de este plan de seguridad: “Era evidente que los delincuentes iban a tomar represalias con los vecinos porque los funcionarios están incursionando en los barrios como los militares, en una acción de invasión sin una previa labor de inteligencia en la zona y, ¿quiénes les dan información de los grupos criminales?, los habitantes del barrio”.

El sociólogo y director de la ONG Paz Activa, Luis Cedeño, no tiene la menor duda de que las OLP tienen aceptación en la sociedad, incluso aún más en los sectores populares en donde los cuerpos de seguridad las aplican.

Este operativo tiene aceptación porque la gente en medio de la desesperación pide a gritos a la policía en el barrio y lo están cumpliendo. Eso es popular, pero muchos de estos funcionarios no tienen formación en Derechos Humanos y en muchos procedimientos han muerto inocentes. En Venezuela no hay pena de muerte”, advierte Cedeño.

Para el desarrollo de la segunda fase de la OLP, a juicio de Briceño León, es necesario que las autoridades ejecuten un programa de restauración social en la zona que baje el tono de violencia y de confrontación. “Por más que estos grupos de funcionarios, que por lo general no tienen la preparación para este tipo de operativos, se instalen en las zonas, no van a tener la capacidad para frenar la venganza de los grupos delictivos en contra de los vecinos”, precisó el sociólogo, quien considera que los ataques y asesinatos a policías por parte de criminales son una respuesta a operativos como las OLP.

Fuente: Runrunes

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